Informe Baires dialogó con Marcela Pastore, una militante incansable en la lucha por la erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer y Presidenta del Consejo Municipal de la Mujer de la ciudad de La Plata. “Sin justicia de género no hay justicia social” repite en una frase que la define.
En la provincia de Buenos Aires, las comisarías de la Mujer y la Familia recibieron 50.549 denuncias entre enero y septiembre de este año. El 80% de los casos fueron presentados por mujeres y el mismo porcentaje de denunciados fueron hombres. El 24% de las demandas incluía lesiones y un 21% reportó amenazas. Un informe presentado en noviembre de 2009 en el Congreso Nacional, indicaba que una mujer muere en la Argentina victima de la violencia de género. Oculta detrás del rótulo de 'crimen pasional' o directamente silenciada, la violencia de género constituye una de las violaciones más flagrantes y extendidas a los derechos humanos. A partir de la promulgación de la Ley 26.485 se crearon los Consejos de la Mujer que trabajan en la prevención violencia de género física, psicológica, sexual, económica y simbólica. Informe Baires dialogó con Marcela Pastore, una militante incansable en la lucha por la erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer y Presidenta del Consejo Municipal de la Mujer de la ciudad de La Plata. “Sin justicia de género no hay justicia social” repite en una frase que la define.
Consejo de la mujer
Desde el mes de diciembre de 2007, el Consejo Municipal de la Mujer se instaló en la ciudad de La Plata como el organismo responsable de promover estratégicamente el desarrollo integral de las mujeres de la comunidad a partir de la promoción y defensa de sus derechos, la erradicación de la violencia y la igualdad de oportunidades.
Con el objetivo de incluir el enfoque de género en las políticas públicas municipales la metodología de gestión se proyectó en base a cuatro ejes centrales: Transversalidad, Descentralización, Participación y trabajo en red interinstitucional. Las acciones realizadas apuntaron a valorar y promover las iniciativas de las propias mujeres, sus capacidades de organización y gestión fortaleciendo su participación política, social, económica y cultural. Con este fin, se conformaron tres áreas de trabajo para la Promoción y Protección de los Derechos Sociales, Políticos y Económicos de las Mujeres.
Brecha entre lo institucional y la sociedad
Es paradójico que un proyecto político que se plantee la transformación social no sea mirado desde la perspectiva de género que es la categoría a partir de la cual se organiza socialmente todo lo demás. El género es en sí un concepto en disputa. Desde el sentido común se entiende el género como el tema de las mujeres, que son quiénes han iniciado una lucha por el reconocimiento de sus derechos humanos y han acuñado el concepto gender, cuya traducción en español género.
Al introducir el concepto de género, este enfoque señala la construcción cultural e histórica de los roles sexuales, de lo “femenino” y lo “masculino”, las relaciones asimétricas entre géneros y su impacto en el desarrollo, las relaciones de poder y la organización social de la desigualdad. El compromiso con las políticas de género ha sido particularmente dificultoso al momento de implantar acciones locales. Los recursos presupuestarios asignados a las políticas de género son derivados a otras áreas consideradas de “emergencia” ante cualquier instancia de escasez de recursos. Específicamente, y en aras de institucionalizar las políticas de género, el compromiso político es altamente relevante porque implica otorgar recursos materiales y legitimidad a la política.
Asimismo, brinda un marco formal para la implementación de acciones que de otra manera serían posiblemente evaporadas por las relaciones informales de poder, un tipo de relaciones que por lo general terminan beneficiando intereses disímiles a los de mayor equidad.
Además, puesto que las medidas orientadas hacia una mayor igualdad de género enfrentan problemas de comprensión e implementación en los niveles organizacionales intermedios, el interés manifiesto por parte de las máximas autoridades ofrece la oportunidad de alinear a los actores en torno a cuestiones definidas como prioritarias. De esta manera en las políticas públicas el tema “de las mujeres” aparece como subsidiario.
Una política de género municipal no debería concebirse como una mera cuestión aditiva, en el sentido de incorporar otra política más al amplio menú de competencias locales. Por el contrario, esta política, por sus contenidos y las consecuencias de su instrumentación, debería verse como una verdadera innovación de la propia gestión pública local, ya que altera estructuras y procedimientos, así como la propia trama de relaciones con el medio y la forma de conceptuar problemas sociales por parte de las autoridades locales.
Una mujer muere cada dos días en nuestro país victima de la violencia domestica.
El número creciente de mujeres asesinadas por amantes, esposos, novios y ex parejas exige una revisión de los conceptos jurídicos desde los cuales se aborda la problemática. La promulgación por parte de la Presidencia de la Nación de la "Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres" que contempla la existencia de violencia de género física, psicológica, sexual, económica y simbólica, fue un paso importante en nuestro país. La norma (Ley 26.485) establece, entre otras cuestiones, los ámbitos en los que se produce, y no sólo el doméstico. Aún así la actual ausencia de estadísticas oficiales con datos ciertos y sistematizados desde un perspectiva de género sobre la magnitud de la violencia contra la mujer, y específicamente del femicidio, constituye un serio obstáculo para la investigación de los crímenes. La falta de estos elementos para analizar los femicidios y ubicarlos en un contexto político y cultural los convierte en lo que los medios de comunicación suelen llamar “crímenes pasionales”; una forma errada y engañosa de definirlos.
El tema de género en la agenda pública
Creo que en primer lugar debemos propiciar no solo un cambio en la legislación, sino en primer lugar, un cambio cultural y, además, una transformación profunda de las relaciones de poder entre las mujeres y los varones. Argentina fue uno de los primeros países del mundo en tener Ley de cupos (1991) para asegurar la participación de las mujeres en el Poder Legislativo, y hoy ocupamos el cuarto lugar en el mundo en representación femenina en la política, lo que también ocasionó que tengamos algunos temas de género en la agenda publica y numerosas leyes. La instalación del tema género, en la agenda política hizo viable la creación de espacios de la mujer en los Estados Nacional, Provinciales y Municipales, aún así y a pesar de la conquista de logros indudablemente valiosos, resulta necesario trabajar en la obtención de una mayor incidencia sobre las decisiones políticas más significativas.
En la provincia de Buenos Aires, las comisarías de la Mujer y la Familia recibieron 50.549 denuncias entre enero y septiembre de este año. El 80% de los casos fueron presentados por mujeres y el mismo porcentaje de denunciados fueron hombres. El 24% de las demandas incluía lesiones y un 21% reportó amenazas. Un informe presentado en noviembre de 2009 en el Congreso Nacional, indicaba que una mujer muere en la Argentina victima de la violencia de género. Oculta detrás del rótulo de 'crimen pasional' o directamente silenciada, la violencia de género constituye una de las violaciones más flagrantes y extendidas a los derechos humanos. A partir de la promulgación de la Ley 26.485 se crearon los Consejos de la Mujer que trabajan en la prevención violencia de género física, psicológica, sexual, económica y simbólica. Informe Baires dialogó con Marcela Pastore, una militante incansable en la lucha por la erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer y Presidenta del Consejo Municipal de la Mujer de la ciudad de La Plata. “Sin justicia de género no hay justicia social” repite en una frase que la define.
Consejo de la mujer
Desde el mes de diciembre de 2007, el Consejo Municipal de la Mujer se instaló en la ciudad de La Plata como el organismo responsable de promover estratégicamente el desarrollo integral de las mujeres de la comunidad a partir de la promoción y defensa de sus derechos, la erradicación de la violencia y la igualdad de oportunidades.
Con el objetivo de incluir el enfoque de género en las políticas públicas municipales la metodología de gestión se proyectó en base a cuatro ejes centrales: Transversalidad, Descentralización, Participación y trabajo en red interinstitucional. Las acciones realizadas apuntaron a valorar y promover las iniciativas de las propias mujeres, sus capacidades de organización y gestión fortaleciendo su participación política, social, económica y cultural. Con este fin, se conformaron tres áreas de trabajo para la Promoción y Protección de los Derechos Sociales, Políticos y Económicos de las Mujeres.
Brecha entre lo institucional y la sociedad
Es paradójico que un proyecto político que se plantee la transformación social no sea mirado desde la perspectiva de género que es la categoría a partir de la cual se organiza socialmente todo lo demás. El género es en sí un concepto en disputa. Desde el sentido común se entiende el género como el tema de las mujeres, que son quiénes han iniciado una lucha por el reconocimiento de sus derechos humanos y han acuñado el concepto gender, cuya traducción en español género.
Al introducir el concepto de género, este enfoque señala la construcción cultural e histórica de los roles sexuales, de lo “femenino” y lo “masculino”, las relaciones asimétricas entre géneros y su impacto en el desarrollo, las relaciones de poder y la organización social de la desigualdad. El compromiso con las políticas de género ha sido particularmente dificultoso al momento de implantar acciones locales. Los recursos presupuestarios asignados a las políticas de género son derivados a otras áreas consideradas de “emergencia” ante cualquier instancia de escasez de recursos. Específicamente, y en aras de institucionalizar las políticas de género, el compromiso político es altamente relevante porque implica otorgar recursos materiales y legitimidad a la política.
Asimismo, brinda un marco formal para la implementación de acciones que de otra manera serían posiblemente evaporadas por las relaciones informales de poder, un tipo de relaciones que por lo general terminan beneficiando intereses disímiles a los de mayor equidad.
Además, puesto que las medidas orientadas hacia una mayor igualdad de género enfrentan problemas de comprensión e implementación en los niveles organizacionales intermedios, el interés manifiesto por parte de las máximas autoridades ofrece la oportunidad de alinear a los actores en torno a cuestiones definidas como prioritarias. De esta manera en las políticas públicas el tema “de las mujeres” aparece como subsidiario.
Una política de género municipal no debería concebirse como una mera cuestión aditiva, en el sentido de incorporar otra política más al amplio menú de competencias locales. Por el contrario, esta política, por sus contenidos y las consecuencias de su instrumentación, debería verse como una verdadera innovación de la propia gestión pública local, ya que altera estructuras y procedimientos, así como la propia trama de relaciones con el medio y la forma de conceptuar problemas sociales por parte de las autoridades locales.
Una mujer muere cada dos días en nuestro país victima de la violencia domestica.
El número creciente de mujeres asesinadas por amantes, esposos, novios y ex parejas exige una revisión de los conceptos jurídicos desde los cuales se aborda la problemática. La promulgación por parte de la Presidencia de la Nación de la "Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres" que contempla la existencia de violencia de género física, psicológica, sexual, económica y simbólica, fue un paso importante en nuestro país. La norma (Ley 26.485) establece, entre otras cuestiones, los ámbitos en los que se produce, y no sólo el doméstico. Aún así la actual ausencia de estadísticas oficiales con datos ciertos y sistematizados desde un perspectiva de género sobre la magnitud de la violencia contra la mujer, y específicamente del femicidio, constituye un serio obstáculo para la investigación de los crímenes. La falta de estos elementos para analizar los femicidios y ubicarlos en un contexto político y cultural los convierte en lo que los medios de comunicación suelen llamar “crímenes pasionales”; una forma errada y engañosa de definirlos.
El tema de género en la agenda pública
Creo que en primer lugar debemos propiciar no solo un cambio en la legislación, sino en primer lugar, un cambio cultural y, además, una transformación profunda de las relaciones de poder entre las mujeres y los varones. Argentina fue uno de los primeros países del mundo en tener Ley de cupos (1991) para asegurar la participación de las mujeres en el Poder Legislativo, y hoy ocupamos el cuarto lugar en el mundo en representación femenina en la política, lo que también ocasionó que tengamos algunos temas de género en la agenda publica y numerosas leyes. La instalación del tema género, en la agenda política hizo viable la creación de espacios de la mujer en los Estados Nacional, Provinciales y Municipales, aún así y a pesar de la conquista de logros indudablemente valiosos, resulta necesario trabajar en la obtención de una mayor incidencia sobre las decisiones políticas más significativas.